Como se demuestra en el artículo anterior, cuando se trata de responsabilidad administrativa ambiental, existen diferencias en la responsabilidad administrativa penal cuando se compara con la responsabilidad civil.

Al desarrollar la Política Nacional del Medio Ambiente, teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga, el legislador estableció en el art. 9° de la Ley No. 6.938/1981 medidas de naturaleza preventiva (ver, por ejemplo, los incisos I al IV y VI) y, conforme el inciso IX, medidas represivas, es decir, sanciones disciplinarias o compensatorias por no cumplir con las exigencias necesarias para la preservación o corrección de la degradación ambiental, ambas medidas preventivas y represivas se complementan para la protección del medio ambiente.

El día 30 de marzo de 1998 entró en vigor la Ley No. 9.605/1998, que dispone las sanciones penales y administrativas derivadas de conductas y actividades nocivas para el medio ambiente, la cual es conocida como Ley de Delitos Ambientales.

Hoy, como resultado de las acciones realizadas por el hombre a lo largo del tiempo y su interferencia negativa en el medio ambiente, se enfrenta el desafío de restaurar el equilibrio ecológico, fundamental para la preservación de la naturaleza tal como la conocemos.